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Editorial de Sergio Romero para El Tribuno Salta

 

 

Las fragilidades de la Justicia como poder del Estado conforman una de las más profundas carencias institucionales de nuestro país, cuyas consecuencias castigan a la sociedad en todos y cada uno de sus estamentos.

Hace quince años, una de las primeras decisiones de Néstor Kirchner fue la de reemplazar en forma heterodoxa a la desprestigiada Corte que encabezaba Julio Nazareno. Lo logró, pero luego la organización Justicia Legítima buscó una nueva justificación teórica, de raíces fascistas, para el sometimiento de la Justicia al poder político.

El desplazamiento del exprocurador Esteban Righi, ordenado por Cristina Fernández para frenar las investigaciones sobre el entonces vicepresidente Amado Boudou, por el caso Ciccone, y la designación de la procuradora militante Alejandra Gils Carbó mostraron los límites que la política de cualquier signo impone al ejercicio de la Justicia.

Y decimos “de cualquier signo”, porque las denuncias contra importantes funcionarios del actual gobierno ponen a prueba la verdadera convicción, el compromiso y la voluntad del presidente Mauricio Macri y de Cambiemos por construir una Justicia independiente.    

La tarea de los jueces, fiscales y defensores es sólida cuando se ajusta a Derecho y garantiza de ese modo el cumplimiento de la Ley, pareja y rigurosa; y la formación jurídica, la ética profesional y el compromiso con la función son factores decisivos.

Las libertades del empresario Cristóbal López, el exsecretario de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D Elía ponen en evidencia una aparente discrecionalidad que desconcierta a la ciudadanía.

Es particularmente escandaloso el caso de López, detenido por defraudación al Estado por no haber entregado a la AFIP casi mil millones de dólares correspondientes a impuestos a los combustibles. El cambio de calificación, que intenta convertir esa retención indebida, que sería un robo, en evasión fiscal, que es una irregularidad mucho menor y que se resuelve con una simple multa, ha desencadenado, como pocas veces, una ola de sospechas  de sobornos sobre los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

En los casos de Zannini y D’ Elía, las libertades (como antes sus detenciones) se deben a un criterio técnico acerca de la pertinencia o no de la prisión preventiva de ambos imputados. Claro que no son “presos políticos”. Están procesados por un acuerdo de impunidad con Irán, realizado entre bambalinas en 2011, para salvar a los responsables del atentado contra la AMIA. Ese acuerdo fue declarado inconstitucional y a ellos, entre otros, se los señala como responsables de actos de corrupción, en los que estaría implicada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto, con el agravante de que el fiscal Alberto Nisman, quien planteó la denuncia, apareció muerto cuatro días después, en lo que es considerado un magnicidio.

La lentitud de la Justicia es exasperante y determinada por las coyunturas políticas. El atentado contra la AMIA se produjo en 1994, está prácticamente esclarecido, pero fuera del proveedor del coche bomba, Carlos Telleldín, los únicos procesados son el exjuez Juan Galeano, el ex presidente Carlos Menem y otros funcionarios, por supuestos entorpecimientos de la causa. Para liberar a Zannini y a D’ Elía, se invocó la situación de Galeano y Menem. En el caso de estos últimos, la causa se remonta a episodios ocurridos hace un cuarto de siglo.

Una Justicia lenta no es justicia. Y cuando es cambiante, tampoco. Un país con una Justicia vulnerable no pude brindar seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica no solo no están garantizadas las vidas, las libertades y los bienes de los habitantes de la Argentina, sino que va a resultar imposible terminar con la violencia social de la pobreza, la exclusión y el desempleo.

La Justicia argentina necesita recuperar credibilidad, pero la percepción general convalida los versos del Martín Fierro: “La ley es tela de araña … nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande, y solo enreda a los chicos”.