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Sergio Romero - Editorial de El Tribuno de Salta

 
 
El futuro productivo de Salta frente a amenazas que lo comprometen
 

La provincia de Salta necesita retomar, sin dilaciones, el sendero del desarrollo. Es la única posibilidad para construir una provincia socialmente equitativa, donde cada familia y cada ciudadano puedan ejercer plenamente los derechos básicos, que son derechos humanos. Estamos hablando de construir un sistema productivo donde todos puedan acceder a un trabajo digno; un sistema educativo con objetivos claros, métodos eficientes y evaluación estricta, y un Estado con capacidad de contención y asistencia a las necesidades reales de la ciudadanía. Hoy, esos objetivos, planteados por el Gobierno provincial a partir del cambio de gabinete producido en noviembre, se encuentran seriamente amenazados. El cierre del ingenio San Isidro, los despidos en El Tabacal y la intervención irregular y anticonstitucional del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación para clausurar 32 establecimientos productivos, precipitados en los últimos días, ponen al borde del colapso cualquier perspectiva de futuro. Sin embargo, nada de lo ocurrido es sorprendente.

Aunque es evidente que sin inversión no hay trabajo ni producción, y que sin garantías jurídicas, no hay inversión, la dirigencia política y sindical actúan como si viviéramos una época de abundancia.

La ceguera populista sataniza a los empresarios, la empresa y el capital y exige que estos generen sueldos y recaudación tributaria sin cumplir las condiciones mínimas de la producción. En el caso de los ingenios salteños, el oportunismo irresponsable y violento de la dirigencia gremial y la indolencia oficial han sido flagrantes y los resultados están a la vista. Se trata de las principales fuentes de empleo privado en la provincia, por la cantidad de personal que requieren y por los niveles salariales que ofrecen. El sindicato azucarero, en ambos casos, mantiene una política de extrema tensión e intransigencia que termina destruyendo las fuentes de trabajo. Los ingenios no son entidades benéficas, sino grandes empresas que solo permanecerán en nuestro territorio si la ecuación económica les conviene. La dirigencia política tiene aquí una responsabilidad grave. Por la importancia social que representan estas fuentes de empleo, los intendentes de los municipios involucrados y los legisladores deberían asumir un compromiso para evitar que los conflictos, conducidos por dirigentes que se aferran a intereses sectoriales, terminen en crisis como las que se atraviesan ahora.

En este punto, el Estado provincial debe hacer una autocrítica, ya que durante los últimos años, el ex Ministerio de Trabajo salteño, bajo la conducción del abogado Eduardo Costello, se desentendió de los riesgos que corren las fuentes de empleo y avaló las acciones antiempresarias. El viaje del gobernador Juan Manuel Urtubey a Perú, para tratar de convencer a los propietarios del ingenio San Isidro, el grupo Gloria, para que no cierren la empresa, se plantea un objetivo difícil, pero puede significar un giro decisivo y beneficioso para Salta, en momentos sumamente complejos. El Estado debe asumir su compromiso sin temores ni prejuicios, porque la población salteña reclama, constantemente, trabajo estable y seguridades para el futuro. Similar criterio debe abordarse hoy con respecto a la intromisión del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en el manejo de los bosques salteños. La resolución conocida esta semana, en la que insta al Gobierno provincial a suspender las actividades y reforestar 32 emprendimientos, que fueron desarrollados productivamente con autorización de la Provincia, es una intromisión inaceptable para Salta, que contradice abiertamente los criterios federales y productivos que invoca el Gobierno nacional. Debe ser rechazada sin concesiones.

Además, una irresponsabilidad de tal magnitud solo se explica por la presencia de activistas ambientales como el viceministro Diego Moreno y el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra. Este último, como dirigente de Greenpeace, protagonizó hace una década recordados hechos bochornosos en nuestra provincia. En el manejo de los bosques hubo errores e inconsistencias de parte de la Provincia. Hoy, frente a una situación límite, es imprescindible dar vuelta la hoja y plantear con firmeza, con el apoyo de los salteños, un proyecto de futuro. Salta no puede permitir que nadie aniquile la seguridad jurídica. Todas las posibilidades de crecimiento económico y de desarrollo humano en la provincia, que son muchas, dependen de la inversión y de la construcción de un sistema educativo orientado a la producción. Las apetencias individuales y los prejuicios conspiran contra esas metas.