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Sergio Romero para El Tribuno de Salta

 

Los violentos conflictos protagonizados por la organización Resistencia Ancestral Mapuche han causado en los últimos años más de setenta episodios graves, consistentes en ataques a puesteros, destrucción de vehículos e inmuebles, extorsiones millonarias a empresas y ocupación de tierras que reivindican como propias. La violencia recrudeció recientemente, como reflejo del virulento enfrentamiento que los grupos subordinados a la Coordinadora Arauco Malleco vienen manteniendo en Chile. El conflicto ya ha costado la vida de dos personas, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este joven murió de un balazo en una nalga, durante una refriega que aún no fue reconstruida. En ambos casos, las entidades que rodean a la RAM politizaron las muertes e impidieron la realización de pericias técnicas.

Los tres magistrados que intervinieron, Guido Otranto, Gustavo Lleral y Gustavo Villanueva, permitieron que los ocupantes ilegales, eventuales imputados por las muertes, condicionaran a la Justicia, prohibieran el ingreso de policías con armas y ejecutaran requisas sobre las fuerzas del orden.

No podemos resignar la soberanía ni los atributos del Estado argentino. Estas organizaciones, de muy dudosa identidad indígena, tienen como objetivo alcanzar una autonomía entendida como "independencia total frente al Estado". La estrategia aparece claramente explicada en las páginas oficiales de la coordinadora chilena Arauco Malleco.

El Gobierno carece de un diagnóstico que le permita obrar con decisión y eficacia frente a una amenaza de envergadura. Es necesario tener en cuenta la similitud de este fenómeno con el de los grupos radicales de otras partes del mundo, inspirados en razones étnicas y religiosas, que terminan convertidos en operadores encubiertos de intereses políticos y económicos. A nadie escapa que la RAM y la CAM instalan sus "pu lof" (territorios sagrados), en lugares valiosos para la producción minera y petrolera o para la actividad turística.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el senador Miguel Pichetto dijeron que se trata de "extremistas que desprecian al país y a la bandera argentina".

La impunidad se ve favorecida por un profundo vacío jurídico, que debilita las facultades del Estado y pone en jaque derechos consagrados por la Constitución. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad (antes Gendarmería y ahora los Albatros) se ven forzadas a actuar compulsivamente y sin estrategia.

La Ley Nacional 23.302 de Asuntos Indígenas define como " comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista".

Esta ley, al igual que el artículo 75 de la Constitución, suponen una presencia en el "territorio nacional" anterior al descubrimiento de América. La historia documentada revela que los mapuches llegaron a territorio argentino a partir de 1878, imponiendo en forma violenta su cultura a las etnias pehuenches, huilliches, poyas y tehuelches, que vivían de este lado de la cordillera.

A la fragilidad de la definición, se suma la ausencia de una ley que reglamente la "propiedad comunitaria indígena" de que hablan la Constitución y las leyes posteriores. Esa propiedad debió estar reglamentada en el nuevo Código Civil, sancionado en 2015. En el proyecto original del Código se dedicaban a esa forma específica de sociedad los artículos 2028 a 2036. Los dirigentes de las organizaciones indigenistas se opusieron porque no se refería a "pueblos" sino a "comunidades", y porque no les reconocía "territorio" sino "tierra". Por ese motivo, el INAI logró que solo quedara una mención marginal, el artículo 18, donde se supone la futura sanción de una ley específica.

Para todo el país es imprescindible una nueva ley que erradique las ambigedades. En nuestros valles Calchaquíes, el vacío jurídico ha dado lugar a nuevas formas de clientelismo que perturban la vida de los pueblos y afectan a familias honestas que viven de su trabajo.

Con una legislación adecuada y, por supuesto, con decisión política, se resguardará la soberanía del Estado y el derecho de la gente. Además, las verdaderas comunidades indígenas, que viven en la marginalidad, comenzarán a beneficiarse con los multimillonarios recursos que hoy el INAI destina a pagar los sueldos de falsos caciques acomodados por punteros sin escrúpulos. Pero, sobre todo, comenzaríamos a disponer de un marco legal para un problema que, de no ser resuelto, terminará produciendo efectos impredecibles.