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El estado de avanzada descomposición del movimiento feminista en Salta se advierte mejor cuando comprobamos cómo reaccionan las diferentes organizaciones que lo conforman frente a hechos de gravedad muy diferente entre sí, pero que tienen en común la característica de constituir un menoscabo de los derechos o de la imagen de la mujer.


Pongamos como ejemplo el asesinato de una joven madre que acude a una cita carcelaria íntima con un preso que purga condena por haber matado con anterioridad a otra mujer en una celda penitenciaria. Y pongamos también como ejemplo las declaraciones de un funcionario en las que se afirma que las mujeres tienen dificultades para superar los exámenes de tráfico, ya que «no saben» estacionar en marcha atrás.

Estos dos sucesos han ocurrido en Salta con apenas diez días de diferencia, pero han suscitado reacciones muy diferentes entre las feministas del lugar.

Frente al infame asesinato de la joven en la cárcel, solo un puñado de mujeres valientes y comprometidas ha alzado la voz y exigido que el gobierno asuma responsabilidades políticas de un modo claro e inequívoco, con la dimisión o la destitución de la Ministra de Justicia y de Derechos Humanos.

El gobierno -con el Gobernador a la cabeza- ha negado públicamente cualquier responsabilidad en este triste suceso, lo cual ha sido suficiente para que un grupo bastante numeroso de feministas que reciben prebendas y que giran en la órbita del gobierno, guardara un vergonzoso silencio sobre un hecho que, visto desapasionadamente, retrata a Salta a nivel internacional como una tierra bárbara, sin reglas de ninguna naturaleza.

Pero esas mismas feministas de sueldo fijo han sido las que se han rasgado las vestiduras cuando un funcionario municipal de tercera línea salió a decir que las mujeres son «un poco más torpes» que los hombres a la hora de estacionar vehículos en la vía pública.

Bastó que el funcionario en cuestión lanzara esta discutible afirmación para que un enjambre de avispas le lanzara sus aguijones, sin piedad, como acostumbran hacerlo; especialmente después de haber guardado silencio frente hechos inhumanos que salpican al gobierno y comprometen a sus funcionarios. En este caso, el despiadado ataque al Subsecretario de Tránsito ocurrió poco después de que las mismas ofendidas (todas ellas mujeres «oprimidas») callaran vergonzosamente frente al asesinato de una mujer cuya seguridad personal era responsabilidad de las autoridades del gobierno.

En Salta es mucho más grave -o al menos eso parece- irse de boca contra las mujeres en general que coser a una (o a varias) a puñaladas.

Desgraciadamente, así funcionan las cosas en nuestra justa e inclusiva Provincia, un territorio en donde la verdad tiene un valor muy relativo y los derechos de las mujeres -entre ellos el derecho a la vida y el derecho a estacionar- valen lo que valen en función de circunstancias y parámetros que poco tienen que ver con los intereses de las propias mujeres sino con los del gobierno de turno y los de las organizaciones o activistas que de algún modo tienen que justificar su sueldo.