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Por Iruya.com

 

El trato descortés hacia los ciudadanos de otras naciones que intentan establecerse en Salta, sea institucional o sea mediático, es incompatible con los valores que inspiran nuestra norma fundamental y representa la negación de la tradicional hospitalidad de la República Argentina.

 

En las últimas horas, algunos medios de comunicación digitales de Salta han difundido la noticia de la detención por la Policía provincial de varios ciudadanos de nacionalidad colombiana, bajo la única acusación de ser «inmigrantes ilegales», sin que en ningún caso los medios en cuestión hayan hecho la más mínima averiguación sobre la real situación administrativa de estas personas en territorio argentino.


Es llamativo que los mismos medios salteños, que se han atrevido con titulares como «La cacería de colombianos en Salta», critiquen al mismo tiempo a los gobiernos europeos cuando adoptan medidas en relación con los flujos migratorios que provienen del norte del África y de algunos países de Oriente próximo.

De estos países se critica la erección de muros y vallas en las fronteras, la falta de asistencia a las embarcaciones que transportan personas de forma ilegal en el Mediterráneo, las devoluciones «en caliente» y, especialmente, la existencia de «centros de internamiento» de inmigrantes, que funcionan en la práctica como cárceles para personas que no han cometido ningún delito.

Tampoco han cometido delitos -que se sepa- los ciudadanos colombianos que han sido detenidos por la Policía de Salta y han sido puestos a disposición de la autoridad migratoria nacional por un Juez Federal.

En Salta no existen centros de internamiento de inmigrantes, ni instalaciones adecuadas para acoger a personas en situación administrativa irregular, por lo que es muy poco posible que los detenidos accedan a un tratamiento digno. Su destino, en el mejor de los casos, será el calabozo de una comisaría o una oficina de la Dirección de Migraciones. Ninguno de estos sitios está preparado para contingencias como esta. Sucede hoy con los ciudadanos colombianos y hace poco ha sucedido con ciudadanos chinos.

En ningún país de Europa -incluida Italia, gobernada actualmente por una coalición de partidos que ha hecho del rechazo de la inmigración su principal reclamo político- ni las fuerzas de seguridad realizan ni los medios de comunicación anuncian «cacerías de inmigrantes», pues esa sola expresión es lesiva de los derechos humanos más fundamentales, al compararse a los inmigrantes con animales.

En Salta, por el contrario, no solo los procedimientos de la autoridad sino la forma en la que estos procedimientos son comunicados violan los derechos humanos sin mayores dificultades.

En Salta, concretamente, hay decenas de miles de extranjeros, inmigrantes transfronterizos, en situación administrativa irregular, que disfrutan de otro tipo de tratamiento, tanto por la prensa como por parte de las autoridades. Es llamativo y desagradable que la xenofobia local despunte contra los ciudadanos colombianos, los venezolanos y los chinos, justamente cuando el gobierno provincial se ufana de atender a cuerpo de rey a tres refugiados de origen sirio. No hay nada que justifique, ni jurídica ni moralmente, las diferencia entre unos extranjeros y otros.

Ninguna constitución de ningún país europeo invita -como la Argentina- a los extranjeros a habitar su suelo. El trato descortés hacia los ciudadanos de otras naciones que intentan establecerse en Salta, sea institucional o sea mediático, es incompatible con los valores que inspiran nuestra norma fundamental y representa la negación de la tradicional hospitalidad de la República Argentina, cuando no un intento ridículo y extemporáneo de parecerse a Europa, hasta en sus peores gestos.

Se debe tener en cuenta que la inmigración -sus orígenes, sus motivaciones y sus efectos- son muy diferentes en Europa y en el continente americano, y que no hay razón que justifique, en ningún lugar del planeta, el trato descomedido e inhumano a las personas que se mueven entre las fronteras, máxime cuando ese trato es discriminatorio respecto de los nacionales y de otros extranjeros en igual situación irregular.