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Francisco Sotelo

Por Francisco Sotelo para El Tribuno de Salta

 

El dólar fue el gran protagonista de esta semana, porque ya está en 30 pesos. La inflación, a su vez, tiende a llegar al 30% anual. Para el gobierno de Mauricio Macri es una prueba de fuego, porque los bamboleos dejan en claro que los grandes objetivos de su gestión están pendientes. Para el ciudadano común, todo alimenta la incertidumbre.

Claro que el panorama no es nuevo. La inflación, en los 35 años de democracia, fue del 71% de promedio anual. Y desde 2011, osciló entre el 24% y el 39%.

Desde hace sesenta años, el déficit fiscal y comercial son nuestro carma. Salvo algunos años de bonanza, aportada por la exportación de soja, el superávit suena a quimera.

Y en todo ese tiempo, las alquimias monetarias y cambiarias ocuparon el centro de la agenda sin que el país pudiera recuperar su antiguo esplendor, el que alcanzó cuando había construido la séptima economía del mundo.

Estos elementos de la política nacional repercuten directamente en Salta. El gobernador Juan Manuel Urtubey informó esta semana que la dramática situación planteada en noviembre pasado, con un déficit de 4.500 millones de pesos, se está superando. Aseguró que en el ejercicio de este año se logró el equilibrio y que espera que esto se extienda hasta fin de año.

Las previsiones, hace dos meses, cuando se conocieron los informes de las calificadoras de riesgo proyectaban una reducción progresiva del déficit provincial hasta 2021.

Intimamente, nadie en el Gobierno provincial descorcha champán, aunque perciben luces al fondo del camino.

Dos casos testigo

En los próximos días deberían conocerse los resultados de las gestiones para destrabar dos conflictos cruciales.

El primero, con fuerte impacto social, la venta del ingenio San Isidro, que se demora mucho más de lo conveniente.

El conflicto del ingenio de Campo Santo es digno de ser analizado cuidadosamente, como caso testigo. Por tratarse de una mega empresa, instalada en una localidad con menguado desarrollo económico, se la imagina como un inagotable "cuerno de la abundancia". Por eso, le aumentan los impuestos desde el Estado y el sindicato le exige que nombre personal que no necesita. Evidentemente, eso no funciona. Una empresa tiene un estudio de costos y puede trabajar a pérdida, hasta que ya no ve perspectivas de mejoría. Y se va.

Por eso, también, es tan difícil hoy conseguir un comprador. Y por eso, también, se empieza a pensar en alternativas productivas para generar trabajo e ingresos.

El otro tema en vías de solución, el de los 32 campos "intervenidos" por presión del Ministerio de Ambiente de la Nación, es complementario para entender el caso del ingenio. Si la presión del sindicato azucarero incidió negativamente en la crisis de esa industria, la mucho menos comprensible permeabilidad del Estado a los caprichos de Greenpeace generó una situación casi demencial. El ministro Sergio Bergman, muy condicionado por la estrategia ambientalista, presionó para paralizar desmontes legales y exigir un disparate: la reforestación de áreas cuya explotación había sido autorizada.

La provincia accedió al pedido y desde hace 40 días se espera el resultado de la evaluación de la situación de los campos en cuestión.

Resulta inexplicable que un funcionario del mismo Gobierno que promete el Plan Belgrano manifieste conductas tan contradictorias.

En el medio, Bergman convocó a las autoridades provinciales a una reunión con el activista Hernán Giardini, que se atribuye funciones de fiscal ambiental que la Constitución no le otorga. En esa mesa, se acordó que Greenpeace participe formalmente, en adelante, de la legalidad de los desmontes. La multinacional no da puntada sin hilo y no hace nada gratis. Queda la sensación de que ahora tendremos el zorro en el gallinero. (O el yaguareté en el corral de los chivos).

El punto de cruce entre ambos conflictos se encuentra en la necesidad de que la provincia asuma protagonismo activo en el impulso de un proyecto productivo.

Un proyecto que tenga el tenor de política de Estado. El anterior ministro de Trabajo de la provincia, Eduardo Costello, sostenía que nombrar gente innecesaria en el Estado era generar empleo. El sentido común indica que eso es generar déficit y patear la pelota para adelante.

Hoy, la mirada es distinta. Los esfuerzos oficiales por garantizar la estabilidad fiscal no salen, aún, de la expresión de deseos. Si un país, o una provincia, no salen del estrecho margen que deja el laberinto fiscal, terminan ahogando a la producción y al empleo.

Hora de autocrítica

En estos días hubo dos malas noticias en la materia.

Se han perdido 3.000 puestos de trabajo en la construcción, simplemente, porque el Estado demora los pagos y los montos están congelados en los números de 2016.

Al mismo tiempo, la empresa china que iba a instalar en Salta una fábrica de colectivos eléctricos, finalmente, se quedó en La Plata.

Hay una verdad de Perogrullo: la mejor forma de reducir el déficit es aumentar los ingresos y reducir el gasto. Para aumentar los ingresos, la presión tributaria, que hoy agobia a la economía registrada, es una tentación provisoria pero termina desalentando la inversión, la producción y el empleo.

El cambio de planes de la automotriz china también es un caso testigo. Por una vez, habría que pasar revista a lo actuado en materia de políticas para garantizar la inversión privada e imaginar un camino menos tortuoso para el desarrollo humano de la provincia.