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Gustavo Barbarán

Por Gustavo Barbarán para El Tribuno de Salta

 

La infraestructura no es gratis y alguien la tiene que pagar: los contribuyentes o los usuarios. En el primer caso, el Estado -a través de los impuestos- recauda fondos para después financiar la realización de obras públicas; en el segundo, son los propios usuarios del servicio quienes soportan los costos. El caso más común es el de peaje.

La infraestructura es un bien de capital público que, junto con el capital humano, son fundamentales para el desarrollo de cualquier provincia o región. Cuando hablamos de infraestructura nos referimos a caminos, aeropuertos, energía eléctrica, agua potable, cloacas, gas, trenes, entre tantos otros.

Actualmente la mayoría de las obras se financian con presupuesto público. Esta nota explora algunas opciones de financiamiento para infraestructura. La idea no es reemplazar los fondos presupuestarios por los privados (lo cual resulta impracticable social y económicamente), sino complementarlos a través del financiamiento privado para determinados tipos de obras en las cuales los potenciales beneficiarios puedan solventar los costos de manera total o parcial.

Consideramos que existen ciertas obras que podrían ser financiadas con el aporte de fondos privados, puesto que podrían generar el flujo de ingresos suficientes a fin de repagar las inversiones.

Previamente, resulta necesario formularnos una pregunta: ¿es necesario desarrollar la infraestructura en Salta?

Absolutamente sí y por múltiples razones.

La primera es que mejorará las condiciones de vida de los salteños. En segundo lugar, a fin de que se instalen nuevas empresas, es necesario dotarlas de una adecuada infraestructura necesaria para que produzcan más y a menor costo relativo. Los sectores turísticos, agrarios y mineros, por nombrar algunos, son fundamentales para el crecimiento de la economía salteña y requieren de esa imprescindible inversión.

Existen obras en Salta que podrían obtener financiamiento de potenciales beneficiarios; por ejemplo, la canalización del río Bermejo.

En efecto, una obra de estas características producirá múltiples beneficios a la región. Permitiría transportar mercaderías en barcazas hasta la hidrovía del Paraná, hacer fértiles áreas que en la actualidad no lo son, evitar inundaciones y generar energía eléctrica, entre otros muchos provechos. Es decir, podría generar beneficios que potenciales inversores financiarían, aunque sea en parte de los costos de las obras.

Cualquier proyecto de inversión a largo plazo enfrenta en nuestro país dos riesgos principales: inflación y devaluación. Sin perjuicio de ello, existen alternativas jurídicas para implementar contratos a largo plazo a través del sistema de Participación Público Privada o de fideicomisos.

En esos tipos de contratos se pueden conseguir todo o parte de los fondos del costo de la obra a través del mercado de capitales o de la banca multilateral, y una vez que la misma ha sido finalizada se repaga con los beneficios que genera la obra.

Sin perjuicio de las condiciones contractuales, es importante considerar el riesgo político. Al ser obras que involucran gran cantidad de recursos, no pueden estar sujetas a la ausencia de apoyo de tal naturaleza.

El caso sanjuanino

Un claro ejemplo de consenso social y político sobre la importancia de una obra de infraestructura es el Túnel de Agua Negra en la Provincia de San Juan, de 14 km de extensión, que atravesará la cordillera, potenciando el intercambio comercial entre esa provincia y la región de Coquimbo en Chile. Este trascendente emprendimiento implica una inversión de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Desde hace más de siete años que se viene avanzando en el tema. San Juan cambió de gobernador y en los dos países cambió el partido gobernante, pero el proyecto continúa avanzando.

La dirigencia salteña -política, empresaria, sindical, de consejos profesionales- debería tomar nota de que un salto cualitativo en la estructura productiva salteña requiere ponerse de acuerdo en determinados temas y para ello tenemos el Consejo Económico y Social. Todo lo que atañe a infraestructura es complejo y requiere tiempo y dinero para conseguir los objetivos estratégicos planteados.

Avanzar en el análisis y evaluación de proyectos de infraestructura requiere el consenso de la población beneficiada a través de audiencias públicas y presupuestos participativos, principalmente. También custodiar la transparencia en los costos y en la ejecución de las obras de infraestructura a financiar y, por último, vigilar el debido cumplimiento de las normas aplicables mediante organismos de control y de información pública transparentes.

Nuestra provincia tiene escasos recursos para solventar las grandes obras de infraestructura. No es alternativa endeudar a la provincia, sino utilizar herramientas financieras o contratos que financien determinados tipos de obra que luego puedan generar recursos para repagar los costos de construcción y de operación y mantenimiento según los casos.

Por todo ello, un signo de madurez institucional sería explorar nuevas alternativas que posibiliten la realización de obras de infraestructuras para el desarrollo equilibrado de Salta y de Argentina.