El ingenio San Isidro existe desde 1760, mucho antes de la creación del Estado argentino. Es (era) el más antiguo del país, está en Campo Santo, Salta. Los actuales dueños decidieron el cierre, que desampara a 730 trabajadores. 

La principal accionista, una multinacional, culpa a la intransigencia del sindicato que se opuso a “reorganizar su estructura de personal”. Agrega que los laburantes zafreros cobra(ban) los sueldos más altos de su actividad en el país. Es una referencia falaz. Los salarios de los trabajadores de temporada son históricamente bajísimos. Cuando se implementó el plan Jefas y Jefes de Hogar y cuando se legisló la Asignación Universal por Hijo (AUH) gobernadores de provincias ligadas a la zafra (como Tucumán entre otras) o la vendimia (Mendoza, por ejemplo) clamaron diciendo que las módicas mensualidades de esas políticas sociales competían con dichos ingresos, por lo que podían fomentar la vagancia y hasta la deserción de los empleados.

La empresa agrega que “a lo largo de los últimos tres años, el accionista mayoritario aportó más de 50 millones de dólares propios para sanear la situación financiera de la empresa, mantenerse al día en el pago de salarios y realizar inversiones de capital”. El comunicado no incluye mención a ingresos que compensaran la exorbitante inversión. Si no los hubo, la corporación que explota el Ingenio sería una de las ONG filantrópicas más munificentes del planeta. 

El gobernador, Juan Manuel Urtubey,  desistió de disfrutar el frío y de aspirar el fragante perfume del dinero en la Cumbre de Davos, para seguir de cerca del conflicto, acompañando “con su corazón” a los laburantes. Un sacrificio compartido de baja intensidad, pongalé.

  • Este cronista transitaba el martes por el Acceso Oeste, por motivos personales. Lo impresionó ver, en las inmediaciones del Hospital Posadas, el rotundo despliegue de material rodante de Gendarmería en las banquinas, a ambos lados de la autopista. Camiones y carros de asalto ocupaban más de un kilómetro por mano. Imposible contar la cantidad de efectivos armados pero sin duda duplicaban largamente el número de los 122 profesionales de la salud cesanteados en el Hospital. Estos desistieron de cortar la ruta, disuadidos o amedrentados (usted dirá) por el despliegue y los antecedentes cercanos sobre el modo en que reprime Gendarmería. 

El personal del Posadas convocó a un paro, el segundo en el mes, para el martes próximo. Describen que hay un vaciamiento del Hospital y que numerosos pacientes ya no pueden atenderse.

  • En la célebre Río Turbio, Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) despachó 200 telegramas de despido. Los gremios (intransigentes, dirán algunos) y los trabajadores auguran que hay por lo menos una camada similar en gateras. Un fuerte paro y un acampe solidario lograron que se abriera una instancia de negociación. El interventor de YCF, pleno de sensibilidad social, pidió el envío de 200 gendarmes. 
  • La conducción del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anuncia 250 despidos, alrededor del diez por ciento del total. No se difunden listas del personal prescindido. Al cierre de esta nota ningún empleado había recibido la carta documento. Son manejos ilegales, amén de sádicos pues acentúan la desazón los trabajadores. Estos permanecen de modo pacífico en la planta y analizan otras medidas de fuerza.
  • En Azul continúan los cortes de ruta que procuran revertir el cese de actividades de Fanazul, empresa dependiente de Fabricaciones Militares (FM), reseñado en esta columna dos semanas atrás. Las autoridades no dan el brazo a torcer. 

Los intendentes de Villa María y Río Tercero (Córdoba) ponen barbas en remojo y le piden al ministro de Defensa, su coterráneo Oscar Aguad, que garantice que no cerrará las plantas de FM ubicadas en sus municipios. Aguad lo promete, tal como hiciera el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en Azul contados meses atrás. Los despedidos en Fanazul suman 219.

  • La láctea Illolay levanta una fábrica en la localidad de Suardi, Santa Fe. Setenta personas, el uno por ciento para una localidad de 7000 habitantes, con el imaginable impacto sobre la economía local.

El gobierno provincial, en especial la ministra de Producción Alicia Ciciliani, negocia la reapertura. La empresa ofrece-amaga reinstalar a los despedidos en otras plantas sitas en poblaciones supuestamente vecinas: Bella Italia y El Trébol (separadas de Suardi por más de 100 kilómetros) y Arrufó que dista algo más de 50 kilómetros. Para quien no dispone de autos de alta gama y habita una localidad pequeña el cambio supone un tendal de perjuicios subjetivos y económicos, fáciles de discernir.

La oferta virtual y vaga de reinserción se menciona como paliativo en varios conflictos: propósito difícil en el que contexto que pintamos. Los ejemplos atañen  tanto al sector público (que da el ejemplo mientras genera las condiciones materiales y el clima cultural) como en el privado.

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El curro de los recursos humanos: Los uniformados se calcinan al sol mientras cumplen jornadas prolongadas como sus compañeros de clase a quienes enfrentan en una nueva faceta de la lucha de pobres contra pobres. Algún teórico de la derecha autóctona podría argumentar que los integrantes de las fuerzas de Seguridad dan ejemplo de adecuación a nuevos roles o polivalencia laboral. De hecho cooperan con el área de Recursos Humanos (RR.HH.) de las patronales, valiéndose de herramientas novedosas.

El advenimiento del programa económico social macrista resucitó una clásica polémica: ¿el ajuste cierra sin represión? Se trataba de una hipótesis, un ejercicio teórico. Ahora hay datos empíricos: el modelo del gobierno de Mauricio Macri combina el ajuste con represión a la protesta, persecución judicial a dirigentes sindicales. Jueces y fiscales de Comodoro Py enriquecen las áreas de RR.HH. y fungen como auxiliares del Ministerio de Trabajo.

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Docentes en la mira: El conflicto regulado, por ejemplo las convenciones colectivas, es muy otra cosa: el mejor instrumento para el sector formalizado de la clase trabajadora. Con el verano, comenzó la rutina anual, vigente desde la presidencia de Néstor Kirchner.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, observa con calma zen las subas del dólar mientras se hace el distraído respecto de los aumentos de transporte, combustibles, otros servicios públicos que necesariamente se trasladarán a precios. Desde Davos, centra la preocupación en los aumentos de sueldos y en la abominada cláusula gatillo. El instrumento está de moda, será imprescindible para los gremios que no quieran ponerse de rodillas o bajarse los pantalones, si se admite una metáfora más ruda.

El Gobierno ansía desactivar la Paritaria Nacional Docente (PND), atizando un enfrentamiento contra los gremios y contra los maestros, aunque la narrativa macrista ningunee ese último detalle.

 El enfrentamiento en ciernes tal vez sume gobernadores al campo opositor. La PND es espinosa pero les ahorra algunos problemas y sirve de acicate para reclamar fondos compensatorios a la Nación.

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La asfixia como método: Cada inicio de la PND reaviva un argumento atendible que nunca se pone en práctica. La discusión debe trascender al salario y comprender otras facetas de la actividad docente. Es verdad pero no se comprende cómo se abordarán si se suprime la mesa de negociación.

Por añadidura, el oficialismo disminuye la inversión educativa. Sin ditirambos, sin anuncios, apelando al capcioso recurso de ahogar presupuestariamente esa rama del Presupuesto. Los programas no se levantan, posiblemente para evitar críticas, pero se los asfixia por falta de fondos. O rajes de personal, si es menester.

El programa Conectar Igualdad fue una iniciativa virtuosa del kirchnerismo. Se repartieron más de cinco millones de netbooks. Pibes y pibas que ingresaban al secundario recibían la compu en préstamo (comodato). Hablamos de entre 600.000 y 700.000 alumnos por año. Al egresar se les entregaba la compu en propiedad, gratuitamente. Un buen principio para evitar que los ciudadanos jóvenes sean analfabetos informáticos: facilitarles el instrumento que ellos, por saber generacional, pueden aprender a usar hasta por su cuenta. El Gobierno interrumpió de cuajo las entregas,  en 2016 y 2017: oculta cuántas repartió pero como mucho habrán sido decenas de miles que el ministerio ya tenía en existencia.

En la falsa cruzada contra los ñoquis se desmembraron las áreas técnicas que se encargaban del service de mantenimiento de las computadoras. Cuando hay millones de usuarios se producen problemas, desajustes, las netbooks se cuelgan o se dañan por el uso. Subsanarlas es una necesidad cotidiana que se dejó de lado.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner se repartieron gratuitamente más de 90 millones de libros: de texto, de ficción, de poesía, ensayos. El macrismo puso fin al derroche. El ex ministro Esteban Bullrich, cuando hablaba, justificaba el cese porque los chicos no leen. Difícil que lo hagan si se los desincentiva y se desguarnecen bibliotecas públicas y privadas. Desbaratar el Plan Nacional de Lectura cierra el círculo.

La construcción de escuelas sufrió un parate fenomenal. El Gobierno se comprometió a erigir 3000. La realidad está más cerca de cero. La Casa Rosada disimula las estadísticas contando solo los jardines, naturalmente menos vastos. Según los especialistas un jardín construido equivale, grosso modo, a un tercio de una escuela primaria.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prohijó la regularización de los Centros de Primera Infancia (CIP) organizados por particulares. Algunos funcionan bien, comentan los padres de los educandos, merced a la garra y dedicación que ponen organizaciones sociales. Otros son ersatz librados a la mano de Dios que, para estos  menesteres, no atiende en Buenos Aires.

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Moralejas y lecciones: Los damnificados por los despidos masivos que reseñamos son trabajadores en relación de dependencia, estatales de planta transitoria o hasta permanente, contratados como mínimo. Nadie echa por escrito a un laburante informal, hasta el ministro Jorge Triaca debe saberlo. 

Quienes changuean o se conchaban en negro la pasan peor, como un efecto cascada de la merma de actividad y de la pérdida de poder adquisitivo general.

En alta dosis, ocurre algo similar con otros derechos. Los establecidos por ley resisten (en general) más los embates del programa neoliberal. El cambio del coeficiente de actualización de las jubilaciones es un ejemplo. El Gobierno consiguió la ley pero el perjuicio quedó expuesto, aún antes de que los jubilados cobraran los haberes de marzo. 

En cambio, la licuación de derechos no legislados mediante recortes de presupuesto opera por goteo: es menos perceptible. La padecen colectivos dispersos, no organizados previamente como los sindicatos o los movimientos sociales. Es difícil que reaccionen simultánea y colectivamente. No tienen gremio u organización que los defienda.

La institucionalidad de gobiernos populares cimienta más sólidamente los avances y las conquistas, una moraleja digna de mención.

Otra, provista por la coyuntura es el fracaso de las tratativas entre Macri y su colega francés, Emmanuel Macron. Como señaló bien Eduardo Febbro ayer en PáginaI12, los mandatarios de los países centrales protegen actividades híper subvencionadas. No se aferran, agregamos, a una noción abstracta de la competitividad. Les importa defender a sectores productivos si dan trabajo, si facilitan el arraigo territorial de sus nacionales, si estos no tienen una vía laboral de salida.

La derecha que gobierna en el techo del mundo es menos lineal y destructiva que la argentina, inclinada a concebir un país para pocos. 

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