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Una mirada más amplia del gobierno de Macri, que marca una evolución

Joaquín Morales Solá - La Nación

 

 

Durante 34 años, la Argentina tuvo una política de derechos humanos. Su problema es que era una sola: la revisión de las violaciones cometidas durante la última dictadura. Mauricio Macri, que hasta ayer no había definido una política propia en la materia, lanzó el programa más ambicioso de los últimos años sobre esa cuestión crucial para cualquier nación moderna. Su política aparta la mirada exclusiva sobre los años setenta y se aboca también a los derechos humanos de nueva generación. Esa política más amplia sobre los derechos humanos incluye la continuidad de los juicios a los que cometieron delitos de lesa humanidad en el último régimen militar.

El país había pasado de una época ensimismada en lo que hicieron los militares de 1976 a 1983, como fue el gobierno de los Kirchner, a una era en la que se hablaba poco de los derechos humanos, que es lo que pasó en la administración de Macri. El gobierno actual estuvo más bien a la defensiva, ya sea porque carecía de experiencia propia sobre el tema o porque era falsamente acusado de complicidad con la dictadura. "Macri, basura, vos sos la dictadura", fue el santo y seña más brutal e injusto que difundió el cristinismo en los últimos dos años. Lo corean sobre todo jóvenes que evidentemente no conocieron ninguna dictadura. Sólo el desconocimiento absoluto de las condiciones de una dictadura puede equiparar la situación actual a la que se vive bajo un régimen militar. Por lo demás, Macri tenía 17 años en 1976. No es una edad para tener simpatías o antipatías por un gobierno, que debió resultarle ajeno y lejano.

Según la Corte Suprema de Justicia, la revisión del pasado es una política de Estado. Raúl Alfonsín fue el presidente que la instauró con el juicio a las juntas, que fue la primera experiencia en América latina de enjuiciamiento de líderes militares que habían violado derechos humanos. Luego, acorralados por los movimientos carapintadas, Alfonsín y Carlos Menem debieron dictar el paquete de leyes de amnistía: las de obediencia debida y punto final (Alfonsín) y los indultos a militares y guerrilleros (Menem). Ambos presidentes habían colocado los crímenes de los setenta en la culpa de los dos bandos. Alfonsín los juzgó y Menem los perdonó, pero los dos aceptaron que hubo una confrontación de la que participaron dos facciones: el Ejército regular y los movimientos insurgentes armados.

Las leyes de amnistía duraron poco, hasta que se hizo evidente que durante la dictadura hubo robo de niños, un delito que no había sido juzgado hasta entonces. Menem dejó que esas violaciones fueran investigadas por los jueces y, así, los juicios contra los militares se reiniciaron. No se detuvieron nunca más. Los juicios se extendieron y se profundizaron cuando en el gobierno de los Kirchner se declaró inconstitucional el paquete de leyes de amnistía. Macri tampoco hizo nada para cambiar esa política, que ayer fue ratificada en su continuidad.

Una consecuencia de esos juicios es la permanencia en prisión de ex militares ancianos y enfermos, muchos con prisión preventiva, sin condena definitiva. La Corte Suprema había comenzado a enviarlos a que cumplan la prisión en sus casas, pero esa dinámica se frenó luego por la decisión de una mayoría de la Corte que interpretó que los delitos de lesa humanidad debían tener también el beneficio de la ley del dos por uno. Esa interpretación provocó tal reacción negativa en todos los partidos, oficialistas y opositores, que las dos cámaras del Congreso votaron casi por unanimidad (sólo votó en contra un diputado) una ley que limita el beneficio del dos por uno para los delitos de lesa humanidad. El gobierno de Macri promulgó en el acto esa ley.

De todos modos, y ya sea por acción o por reacción, la dirigencia política seguía con la mirada colocada fijamente en los años setenta cuando se hablaba de los derechos humanos. Macri informó ayer que existe un nuevo catálogo de derechos humanos (además de la continuidad de los juicios sobre el pasado), elaborado por su ministro de Justicia, Germán Garavano, y por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Aunque nadie lo dice así, ese vademécum parte de dos premisas. La primera: no existe ya, felizmente, la más remota posibilidad de que los argentinos deban vivir bajo nuevos gobiernos militares. La otra: hay franjas enormes de la sociedad argentina que han perdido sus derechos más básicos para vivir con dignidad. La incorporación de los derechos humanos de los más vulnerables es el desafío de ahora.

Frente al discurso épico de los derechos humanos violados en los setenta, tan de Cristina Kirchner, Macri habló ayer del agua potable y de las cloacas como derechos humanos. Hay que vivir sin agua potable y sin cloacas para entender el drama cotidiano de los que no tienen esos servicios esenciales en el mundo actual. A eso refiere uno de los ejes de la nueva política: "Tener los mismos derechos y oportunidades". Es decir, el Estado se compromete a resolver esa existencia nunca reconocida de dos Argentinas: una con servicios y oportunidades, cercana al Primer Mundo, y la otra con carencias tan elementales como las de los países más pobres. El nuevo catálogo incluye las agresiones al medio ambiente como violaciones de los derechos humanos; por eso promueve la energía no contaminante. En un país donde casi la mitad de sus niños son pobres, según la última medición de la Universidad Católica Argentina (UCA), es importante que desde el Estado se haya establecido como un derecho humano el cuidado de la infancia y la educación de calidad.

Macri no está dispuesto a dejarse correr por izquierda en el tan actual tema de los pueblos originarios. En rigor, en el país existen más de 200 etnias indígenas, pero sólo se habla de los mapuches. Y tampoco de la inmensa mayoría pacífica de los mapuches, sino de su versión más violenta y audaz, RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). La nueva política de derechos humanos se compromete a "proteger, garantizar y promover los derechos de los pueblos originarios". Es la mejor manera, si cumple su promesa, de aislar a la minoría violenta.

Era hora de que el Estado argentino se ocupara de los derechos humanos más allá del pasado. Esa omisión de los derechos humanos actuales fue producto también de que el kirchnerismo cooptó a las históricas organizaciones de derechos humanos. Estas se convirtieron en un instrumento político más que en una imprescindible referencia de la defensa de valores universales. Volver a hablar de los derechos humanos, sin tener que distinguir entre clanes políticos es (o sería) una importante conquista política.