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Por Jorge Fontevecchia para Perfil

 

La nueva Ley de Defensa de la Competencia reglamentada por el Gobierno el jueves pasado, a solo dos semanas de haber sido aprobada por el Congreso después de esperar dos años desde que fue propuesta por Elisa Carrió y Mario Negri en 2016, podría ser un punto de inflexión si terminara cumpliendo con los fines para los que fue pensada. Creó la Agencia Nacional de la Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas más la figura del “empresario arrepentido”, al que se le perdonarían o reducirían penas si aportara pruebas de carteles. Carrió salió a defender a Mario Quintana de los ataques que recibe, diciendo que es víctima del cartel de los laboratorios medicinales, uno de los más poderosos del país y quizá con el mejor lobby, al punto que Argentina tiene hasta una ley que prohíbe la publicidad de medicamentos con receta, mientras que en Estados Unidos compiten todos los laboratorios anunciando en los medios masivos productos y precios. La semana pasada, la edición local de la revista Forbes publicó la lista de los argentinos más ricos y entre los diez primeros había dos dueños de laboratorios: Alberto Roemmers y Hugo Sigman. La medicina es un sector particular: después de la compra de la mitad del control de América TV por parte del dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, ahora el dueño de Galeno, Julio Fraomeni, ofertó comprar C5N y demás medios de Cristóbal López. El caso de los laboratorios, las farmacias y la medicina privada emerge por ser Quintana fundador de Farmacity, pero es difícil encontrar una actividad económica en la Argentina donde no haya algún tipo de cartelización, monopolio, oligopolio o posición dominante. En parte por la escala del mercado argentino, que al ser pequeño no fomenta naturalmente la aparición de nuevos jugadores. Y en parte por la extranjerización de los años 90, cuya herencia es que el 68% del total de nuestro producto bruto privado sea a partir de productos de empresas multinacionales (en Brasil es solo el 24%). Como en el caso de los laboratorios, tener que hacer o no publicidad es un buen indicador del grado de competencia que hay en un país. En Argentina la inversión neta en publicidad es menos del 1% del producto bruto en publicidad, contra el doble de cualquier país latinoamericano y 4% de los países desarrollados, porque solo se hace publicidad cuando hay que competir. Macri, Peña, Quintana, Cabrera y varios ministros recibieron un ejemplar del libro varias veces citado en esta columna: El púlpito acosador: Theodore Roosevelt y la edad de oro del periodismo, donde se explica que la aplicación de la ley antimonopolios en Estados Unidos a partir de 1910, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, creó el periodismo moderno al promover la publicidad en gran escala: los monopolios u oligopolios no precisaban hacer publicidad porque los consumidores estaban obligados a comprar sus productos y las ganancias, en lugar de obtenerse por fabricar más, se obtenían aumentado el precio. Roosevelt, al igual que Macri, provenía de una de las familias más ricas del país y fue considerado un traidor por la aristocracia norteamericana de su época. Quizá Macri, cansado de esperar que lluevan dólares de inversiones productivas y desilusionado de su propia clase social, descubra que la competencia no se logra simplemente abriendo la importación. Es habitual escuchar a empresarios de actividades que estaban hiperprotegidas decir: “Bueno, ahora me dedico a importar”. Quintana es muy responsable del error del 28 de diciembre comunicando con bombos y platillos el cambio de metas de inflación pero, por su formación religiosa, es socialmente sensible y difícilmente esté en el gobierno para prioritariamente enriquecerse con Farmacity. Sus errores con el dólar y la inflación fueron por ignorancia macroeconómica y la soberbia de haber creído saber. No hace falta ningún cartel de laboratorios medicinales para que se lo critique por eso. Pero dice la verdad cuando sostiene que la economía argentina tiene un problema de falta de oferta producto de las cartelizaciones que corrigen por precio en lugar de por cantidad. Pero para que haya un mercado competitivo es necesario un Estado también competitivo, sin 20% de inflación o devaluaciones de 40% en pocos meses cada dos años (diciembre a mayo de 2017/18, de 2015/16 y de 2013/14). Para crear un mercado de verdadera competencia hay que saber de administración pública, y ni Quintana ni el ministro de Producción, Francisco Cabrera, tuvieron esa experiencia. Muchos ministros caen en el error de creerse las presentaciones que les preparan las consultoras, no solo McKinsey, que siempre les destacan lo bueno que vienen haciendo sin percibir que las consultoras buscan satisfacer a quien les paga. Así se convencieron en diciembre de que marchaba todo bien en la economía. Ojalá el golpe de realidad y el susto actual los haga reaccionar: una Argentina sin carteles, competitiva, sin inflación y con un Estado bien administrado son todas partes del mismo proceso de mejora. Porque los carteles también son para algunos sectores mecanismos de defensa frente a las dificultades de sobrevivir en una economía donde todo el entorno no es competitivo, se cambian las reglas, se devalúa a los saltos, se dolariza, se pesifica, se congelan las tarifas una década y después se las tiene que racionalizar. Para solucionar el problema, primero hay que entenderlo, y el Gobierno erró en diciembre de 2015 y de 2017 al creer que la devaluación solo iba a ir a precios parcialmente. Y no fue así solo por la existencia de carteles, sino porque son en dólares los balances de las empresas multinacionales que producen el 68% de los productos que consumimos. Una inflación del 20% obliga a las empresas cuya cadena de cobranzas es de 90 días a aumentar cada año su capital de trabajo en 5% del total de sus ingresos, aun vendiendo la misma cantidad de unidades. Esa inflación es como un impuesto financiero equivalente al 5% de sus ventas. Si la ganancia de esas empresas fuera 5% sobre ventas, aunque la ganancia figure en el balance, no habría fondos para distribuir utilidades. Hasta ciertos carteles preferirían que no hubiese inflación.