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Una grave denuncia penal en contra del PAMI en la Justicia Federal de Salta fue realizada por un médico rosarino debido al retiro del servicio de las internaciones domiciliarias que recibían los ancianos. Fue radicada por Alejandro Sosa Padilla, titular responsable y director de una empresa de internación domiciliaria llamada Mater Dei.

"Desde el 28 mayo de 2018, hasta la fecha, han fallecido 50 de 250 pacientes en relación directa a consecuencia del retiro del servicio médico sanitario de la internación domiciliaria", aseguró el profesional en la denuncia.

"Esto que estoy diciendo, lo puedo probar y documentar con mails, historias clínicas, listados completos de los pacientes, diagnósticos y los datos de fallecimiento sacados del propio PAMI", detalló.

Además, Sosa Padilla dijo que tiene una lista de "atrocidades" cometidas por dicha institución, tales como falsificación de documento público.

"Al 28 mayo de 2018 yo estaba dando servicio a 250 pacientes en modo internación domiciliaria y me veo obligado a explicar el detalle técnico. Este tipo de internación se trata de la llegada a domicilio de un equipo multidisciplinario de profesionales: médicos, fisioterapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeros y cuidadores domiciliarios en función de acompañante terapéutico", señaló Sosa Padilla.

Dijo que a eso se suma la provisión de equipamiento, pero el PAMI, mediante resolución se desligó de esa responsabilidad.

"Nosotros proveemos cama ortopédica, colchón antiescaras, sillas de rueda, andadores y lo más extremo que es la provisión de oxígeno domiciliario y el equipo de concentradores de oxígeno, bombas de alimentación enteral, equipamiento para tratamiento de traqueotomías, etc. Todo esto históricamente es obligación del PAMI, dada la complejidad de las maquinarias citadas", sostuvo el médico.

Pacientes dados de baja

El profesional rosarino destacó que el paciente de internación domiciliaria no es un paciente terminal, pero es un paciente altamente complejo, que ya no tiene espacio en los centros convencionales de internación por la cronicidad y la mayoría de las veces, la gravedad de su patología o enfermedad y por el nivel de dedicación que requieren sus tratamientos .

"El 28 de mayo del año pasado, nos llegó un mail en el que se nos informaba que se daba de baja a todos los pacientes con un solo argumento denominado "Adecuación ADI" (atención domiciliaria integral ) y absolutamente nada más", dijo.

"Con esto violaron todo el contrato que me vincula con ellos como ser auditorías notificadas a la empresa prestadora y un sin número de pasos reglamentarios clausulados bajo contrato. Creo importante decirles que en todo esto no se sindicó a la empresa con defectos, desvíos o mal prestación del servicio en ninguno de los pacientes", denunció Sosa Padilla.

“Sentenciados a muerte”

“Para nosotros estos pacientes fueron sentenciados a muerte por el PAMI, en un verdadero genocidio con el pleno conocimiento que, sin el soporte vital, los pacientes iban a morir y digo pleno conocimiento porque en la cúpula gerencial del instituto, involucrada en las decisiones, hay personas con título de médico”, señaló el profesional de la Ciudad Termal.

El 15 de mayo pasado hizo la denuncia penal en los Tribunales Federales de la Provincia de Salta, ante el fiscal general Carlos Martín Amad. Denunciando al director ejecutivo de la UGL XII Salta (UGL XII, es la denominación técnica de Unidad Gestión Local correspondiente a la Provincia de Salta), a la coordinadora Ejecutiva UGL XII, al jefe de agencia PAMI de Rosario de la Frontera y a la referente de internación domiciliaria de la agencia PAMI de esa ciudad. “Todos personajes, encadenados, involucrados directamente en las decisiones y ejecución de acciones”.