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Fuente: El Trbuno On Line
 
 
Flavio Palacios

Meses atrás se viralizaron en la Ciudad Termal algunos audios en los que el intendente Gustavo Solís mantenía una charla privada con el presidente de la fundación Sagrado Corazón de Jesús, Walter Succi.

Otro de los audios que se viralizado a través de las redes sociales es donde Solís mantiene otra charla, esta vez con su hermana Carolina Solís, secretaria de Hacienda, a quien le aseguraba que: "el que quiera ocupar mi sillón me va a tener que pagar un millón de dólares". Hasta ahí los antecedentes.

El viernes último, en una entrevista radial con una emisora salteña, se refirió a cobros irregulares del plan Salta Solidaria y dijo que: "En realidad, no se trata de planes sociales sino que son planes de trabajo, para personas que efectivamente realizan alguna prestación en la Municipalidad".

"Nosotros tenemos un total de 550 personas dentro del programa Salta Solidaria y a partir de que se hizo público este caso, porque hay que resaltar que primero tomó notoriedad mediática y luego se hizo la presentación judicial. Nosotros, cuando esto tomó notoriedad, nos vimos en la obligación de abrir una investigación interna, para saber de qué se trataba y conocer el alcance de esto", dijo Solís.

Lo que dijo sobre la cifra total

"Por ahí alguien hablaba de que había varios o centenas y se decía de muchos millones de pesos y en realidad es que este señor fue dado de alta en el mes de noviembre de 2016 y estuvo hasta el 2017. Qué casualidad que un exfuncionario, una persona que trabajaba en la Municipalidad se retiró en esa fecha. Cuando nosotros nos ponemos a analizar los casos, con los auditores internos, notamos que había cuatro más, es decir cinco casos, en los que se comenzaron a cobrar $1.800 y terminaron cobraron $2.100, es decir que estamos hablando de alrededor de $120.000 que se habían escabullido con este tipo de maniobras", destacó el jefe comunal en la entrevista.

Con respecto a las responsabilidades, Solís señaló que "me van a informar el resultado de la investigación interna y ese informe lo elevaremos a la Justicia, porque nosotros pedimos que se investigue y no lo estamos pidiendo públicamente sino que lo hicimos mediante una presentación en la Fiscalía. Por eso hay que deslindar responsabilidades".

Sobre la situación de su exsecretario privado, el intendente sostuvo que "trabajaba en la Municipalidad, yo no quiero dar nombres porque no corresponde, son indicios, nada más. Esta persona fue dada de baja por otros motivos, no por esto. Consta en las planillas de caja quien ha retirado el dinero con todo este tipo de maniobras, que se pagaba con recursos municipales. Hay un encargado de pago que le daba los cheques a esta persona, pero es una modalidad que se hacía habitualmente".

Y dijo que incluso en la gestión anterior, correspondiente a Rómula Gómez, se pagaba en efectivo el 100% de los planes. "De todas maneras, pedimos que se investigue y no desconocemos el hecho. Esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre la persona que ha tenido la responsabilidad del hecho".

Los audios que se viralizaron

Con respecto a los audios que se viralizaron Solís dijo que: "Lo he escuchado y sí es mi voz no puedo negarlo, pero la verdad que esta situación me tiene preocupado y atemorizado. Yo no sabía que estaba siendo sujeto de una red ilegal de espionaje, que incluso data del inicio de mi gestión".

Y agregó: "Es un hecho sin precedentes en la historia de la política salteña, donde se viola mi derecho a la privacidad y a la intimidad e incluso a conversaciones que se pueden haber dado en el ámbito familiar y personal. Por eso le pasamos esto a nuestros abogados. Hay una clara edición y manipulación de estas conversaciones con el objetivo de desprestigiarme".

Tal vez por su juventud, el intendente rosarino desconozca el sonado "caso Villamayor", quien siendo intendente de Salta fue grabado por un proveedor de la Municipalidad pidiéndole coimas para cobrar lo que se le debía, lo que le valió el cargo y le costó sobrellevar el caso judicial que lo llevó al ostracismo político definitivo.

Iturre, imputado por fraude a la administración

El Ministerio Público informó oficialmente la semana pasada que un hombre que se desempeñaba como secretario privado del intendente Solís fue imputado por los delitos de fraude a la administración pública en concurso real, con falsedad de instrumento público tras comprobarse que mediante maniobras fraudulentas cobró beneficios sociales de terceros. La investigación inició a partir de que un periodista detectó la situación.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en actuación conjunta con la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, llevaron adelante una investigación respecto a maniobras fraudulentas que se denunciaron en la Ciudad Termal respecto al cobro de planes sociales en nombre de supuestos beneficiarios que nunca percibieron dinero. La investigación se inicia a partir de la denuncia de uno de los damnificados, quien dice que tomó conocimiento por parte de un periodista local de que existía registrado a su nombre un plan social, siendo que nunca percibió dichos montos ni beneficio alguno, incluso desconoció las firmas.

Luego realizó su denuncia el intendente Solís, al tomar conocimiento de la denuncia anterior cuando tomó estado público, pidió que se investigue el hecho e informó que desde la comuna iniciaron averiguaciones internas.

Luego se suman las denuncias de otro damnificado y de su hija quienes relataron situaciones similares. Del trabajo conjunto de ambos fiscales, se dispusieron diversas medidas probatorias, entre las que se cuenta el pedido de informes a las distintas áreas involucradas y el análisis de dicha documentación por peritos del Cuerpo de Investigaciones.

De los elementos probatorios recogidos, los fiscales decidieron imputar a Matías Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del intendente Solís, al acreditar que durante el periodo 2016-2018, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes a su cargo al efectuar maniobras fraudulentas, consistentes en presentar copias de documentación personal perteneciente a distintos vecinos de Rosario de la Frontera sin estar autorizado por estos para tal fin.

Esto lo hizo a los efectos de solicitar se les efectúe pago del beneficio del Programa Salta Solidaria Salta Trabaja, sin que el dinero librado por tal concepto haya sido destinado a los supuestos beneficiarios ni la contraprestación laboral fuera efectuada, perjudicando de esta manera los intereses que le habían sido confiados y al erario público.

Siendo que para lograr ese cometido se llegó incluso a insertar firmas apócrifas en la documentación que acreditaba el pago del beneficio.