LRK 350 FM La Esperanza 100.1Mhz

"Nuestro norte es el sur"..., de Salta para el mundo || S.I.L.E. Servicio Infomativo FM La Esperanza

Visitantes

Hoy 37

Ayer 92

Esta Semana 299

Este Mes 2002

Total 3574776

Currently are 152 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 Resultado de imagen para ciudad judicial de metan

Judiciales – Condena por adeudar cuota alimentaria – Absueltos por amenaza y lesiones – El lunes audiencia amparo – Condena por desobediencia judicial. Ordenan interrupción de embarazo.

Fuente:Prensa Poder Judicial de Salta

 

Metán: Condenado por no pagar la cuota alimentaria

 

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho condenó a José Federico Jiménez, a  la pena de ocho meses de ejecución condicional, por ser autor voluntario y responsable del delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, en perjuicio de sus cuatro hijos menores.

Como medida de conducta, el magistrado le impuso la obligación de cumplir efectivamente con la cuota provisoria fijada en la misma audiencia. Deberá hacerla efectiva todos los meses ante el Tribunal, durante el tiempo que dure la condena. Todo ello, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta, en caso de incumplimiento injustificado. 

El hecho juzgado ocurrió en 2018.

 

Metán: Dos absueltos de amenazar y lesiones

 

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho absolvió de culpa y cargo a Enrique Alfredo Quinteros y Carlos Alberto Quinteros, de los delitos de amenazas y lesiones, en perjuicio de tres personas.

Para fallar en ese sentido, el juez aplicó en beneficio de los acusados el principio de la duda, “in dubio pro reo”, contemplado en la Constitución Provincial y el Código Penal.

En el mismo fallo, el magistrado absolvió de culpa y cargo a Enrique Alfredo Quinteros de los delitos de amenazas y desobediencia judicial, en perjuicio de una mujer y al aplicar en su beneficio el principio de la duda; por un hecho ocurrido el 28 de agosto de 2017.

 

Metán: la audiencia por el amparo del agua será el lunes 18

 

La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Carolina Poma Salvadores informó que el lunes 18 del corriente se realizará la audiencia pública, en el marco de la medida planteada por un vecino de San José de Metán, mediante la cual solicitó se retrotraiga el cuadro tarifario vigente de la empresa Aguas del Norte, al anterior.

La audiencia  referida a la causa caratulada “CoSAySa S.A. Ente Regulador de Servicios Públicos; Delgado, Federico José- Amparos Constitucionales”, se realizará el lunes 18, a partir de las 9, en la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán.

La jueza Poma Salvadores tramita la causa caratulada “CoSAySa; Ente Regulador de Servicios Públicos; Delgado Federico José – Amparos Constitucionales” desde la última semana de enero. Desde entonces, corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre la competencia del Tribunal para intervenir en la acción interpuesta, atento al carácter de la parte demandada (CoSAySa y Ente Regulador de Servicios Públicos) y en mérito a lo dispuesto por la Constitución Provincial, hizo saber a las partes que solo serán apelables las resoluciones sobre cautelares y la sentencia definitiva, entre otras diligencias. También dio intervención a la Fiscal de Estado, Pamela Calletti, por el carácter de la demandada.

Por otra parte, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, Aguas del Norte no podrá cortar ni suspender el servicio por falta de pago a los usuarios de Metán, según los dispuso la jueza Poma Salvadores.

 

Metán: Condenada por desobediencia judicial y absuelta por amenazas y lesiones

 

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Ramón Alberto Haddad condenó a Cintia Carolina Díaz, de 31 años, a la pena de cuatro meses de prisión efectiva por encontrarlo voluntaria y penalmente responsable del delito de desobediencia judicial, por dos hechos y en concurso real.

El juez ordenó la inmediata libertad de la mujer por haber agotado la pena, para lo cual ofició al Cuerpo Femenino de la Policía de Salta de Metán.

En el mismo fallo, Haddad la absolvió de culpa y cargo de los delitos de amenazas y  lesiones leves con arma, en perjuicio de otra mujer. Para fallar en ese sentido, el magistrado tuvo en cuenta el desistimiento de la acusación fiscal. 

Los hechos juzgados ocurrieron los días 16 y 17 de octubre de 2018 en Rosario de la Frontera.

 

Ordenan una interrupción legal del embarazo en una menor abusada sexualmente

El juez de Garantías de Joaquín V. González Héctor Guzmán Salustros ordenó que se cumpla con el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo a una menor víctima de un abuso sexual.

El juez ordenó que tal medida se realice con la mayor accesibilidad, confidencialidad, privacidad y celeridad. También ordenó al médico legal de la Policía que se constituya en el nosocomio donde de realizará la práctica para que reciba y acondicione el material resultante del legrado para los posteriores estudios a realizarse en el CIF con la finalidad del cotejo genético posterior.

Paralelamente corrió vista a la defensa técnica del imputado del pedido de extracción de muestras solicitado por la fiscalía penal actuante.

La resolución fue dictada en el marco de la causa J.G.V. por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de V.P.G.M. (MR)”.

Al resolver, el juez recordó que “desde 1.921 el Código Penal Argentino permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente (artículo 86 incisos 1 y 2 del código de fondo)” y en particular el caso “F.A.L s/ medida autosatisfactiva” resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El Máximo Tribunal dejó en claro que la Constitución y los tratados de Derechos Humanos no sólo impiden interpretar el supuesto legal en sentido restrictivo, sino que obligan a una interpretación amplia, de acuerdo a la cual no es punible el aborto practicado sobre cualquier embarazo que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima”.

Citó también el Decreto 584 (publicado en el Boletín Oficial 20269) a través del cual la Provincia adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” elaborado por el gobierno nacional en el 2015. “De este instrumento surge que el ejercicio de la opción a la ILE en la circunstancia ahora analizada se encuadra en los derechos a la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información; asimismo, a los principios de no discriminación e igualdad”.

Previamente, destacó el juez, se realizaron todas las medidas y diligencias necesarias a fin de que la menor víctima pueda ejercer su derecho sin obstáculo alguno.

“Lo que se busca es que la solicitante pueda acceder, sin impedimento alguno, a la práctica de la ILE que ha solicitado desde el inicio de la presente causa”, señaló el juez.

Citó el preámbulo de la Convención de “Belém Do Pará” que sostiene “Que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”.

La Convención impone, como uno de los deberes de los Estados, condenar todas las formas de violencia contra la mujer.