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El fiscal de Derechos Humanos Gustavo Vilar Rey solicitó fecha y hora para juzgar por los delitos de vejámenes calificados y torturas a seis policías del sur de la provincia, entre ellos el actual diputado por Rosario de la Frontera Gustavo Orlando Orozco

La jueza por el Distrito Judicial del Sur Carolina Poma fijo las audiencias del juicio oral y público para los días 27 al 29 de marzo.

Tras la confirmación de la fecha del juicio, Francisco Díaz , una de las víctimas de las severidades y torturas del ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Fronteras, dialogó en exclusiva con El Tribuno, relatando paso a paso lo que le tocó vivir al ser detenido sin razones aparentes por el expolicía, devenido hoy en diputado provincial.

Gustavo Orlando Orozco dijo públicamente a través de los medios que de 15 mil policías que hay en la fuerza al menos 5 mil están denunciados por apremios.
Por una causa de torturas estuvo cuatro meses detenido y fue excarcelado tras una multitudinaria marcha en Rosario de la Frontera para exigir su liberación.

 
 

Díaz dijo que fue detenido en horas de la noche sobre avenida Palau (Rosario de la Frontera) por cinco civiles, entre ellos Orozco.

Lo detuvieron junto a su hijo menor de edad y luego de maltratar al menor lo enviaron a la comisaría y se quedaron a solas con él. Allí -según Díaz- lo esposaron y le pusieron encima tres gomas de tractor "para que se ablande", y luego lo sometieron a una golpiza infernal.

Tras ello lo llevaron a la sede de la Brigada de Investigaciones, donde lo torturaron para que se haga cargo de la tenencia de una pistola vinculada a otro caso. Ante la negativa, Díaz fue sometido nuevamente a torturas inimaginables.

Trasladado horas después como detenido a Metán, el juez que lo vio ordenó una revisión médica, que deteminó los vejámenes sufridos. Aún así permaneció meses privado de su libertad, hasta ser absuelto.

  El diputado Orozco
 

En su relato Díaz asegura que llevó todos los antecedentes penales del ahora diputado Orozco a la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Santiago Godoy, le prometió una respuesta adecuada a los antecedentes del electo diputado del sur, que sigue en funciones.

Díaz dijo a El Tribuno que espera con ansias el debate junto con el resto de los denunciantes, porque la elevación a juicio se hizo con la unificación de diversas causas, todas por los mismos delitos.

Expresó que solo exigen justicia, pero a la vez transparencia en la propia Cámara de Diputados.

El juicio tiene fecha probable el 27 de marzo y estará cargo del Tribunal de juicio, sala 2, a cargo de Carolina Poma.

Los encartados para dichas audiencias son: oficial auxiliar Gustavo Orlando Orozco; sargento Andrés Suárez; cabo Denis Arnaldo Coronel; cabo Darío Medina; suboficial Víctor Orellana y el cabo Exequiel Pérez. Todos están requeridos por los delitos de vejaciones calificadas y torturas.

Un poco de historia

La Cámara de Diputados de la provincia cuenta ya con todos los antecedentes de Orozco.

Entre sus incontables antecedentes, Gustavo Orlando Orozco estuvo preso. Fue en octubre de 2016, por los delitos de tortura y privación ilegítima de la libertad.

Además estuvo inhabilitado, por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de Fútbol Argentino, por denucnias de un árbitro que fue agredido tras un partido en el que el club que presidía Orozco perdió con el equipo tucumano de Bella Vista.

En el año 2012 fue vinculado con la muerte de Claudio Valdivieso, hallado sin vida con signos inobjetables de haber sido torturado en la comisaria 31 de Rosario de la Frontera.

Trascendió de fuentes de Rosario de la Frontera que estuvo ligado a la guardia personal de los integrantes del Poder Ejecutivo provincial.

En la mira fiscal

En octubre de 2016 el mismo fiscal que solicitó juicio para los policías de Rosario de la Frontera detuvo a cuatro investigadores de la Brigada de Investigación de Metán, enre ellos el oficial Gustavo Orlando Orozco; el sargento Víctor Alejandro Luna; el cabo Rubén Darío Medina y el agente Javier Sebastián Reynoso, quienes permaneceieron detenidos por orden de la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Gustavo Vilar Rey.

Los cuatro policías fueron imputados aquella vez por los delitos de "tortura y privación ilegítima de la libertad", figuras contempladas en el artículo 144 primero y tercero del Código Penal, y por las cuales se prevén penas mínimas de 5 a 25 años de prisión.

Estos delitos, según la hipótesis criminal, se cometieron en perjuicio de Pablo Carrizo, uno de los tres hombres que encontraron el cadáver de López y dieron aviso a la policía sobre el crimen, ocurrido en el municipio de El Potrero.

Asimismo, el fiscal imputó al oficial Orozco y el cabo Medina por el delito de "apremios ilegales" en perjuicio de Rodrigo Carrizo, familiar de Pablo Carrizo, a quien los policías también golpearon cuando se hallaba detenido, siempre con la finalidad de que se hiciera cargo del crimen.