LRK 350 FM La Esperanza 100.1Mhz

"Nuestro norte es el sur"..., de Salta para el mundo || S.I.L.E. Servicio Infomativo FM La Esperanza

Campesinos santiagueños denuncian "usurpación" de grupos armados en la Triple Frontera. Piden la urgente intervención estatal para detener la violencia.

Los medios de la provincia de Santiago del Estero están anunciando el preludio de lo que puede un nuevo episodio violento en el límite con Anta.

El conflicto de tierras es por un territorio denominado Choya, en la llamada Triple Frontera, que se conforma entre Santiago, Salta y Chaco.

El territorio cuenta con unas 15 mil hectáreas que se disputan entre propiedades privadas, territorios indígenas campesinos y lotes fiscales. Las complicaciones vienen desde el año 1980 cuando, en plena dictadura, los militares que tomaron de facto la Presidencia y los gobiernos provinciales movieron los límites como quisieron.

Se trata de la ley 22.347, de Fijación de Límites entre Salta y Santiago del Estero, publicada en Boletín Oficial, el 9 de diciembre de 1980, y firmada por Jorge Rafael Videla, Fermin Ochoa y Augusto Ulloa.

De un día para el otro, las familias santiagueñas campesinas quedaron en suelo salteño y los capitales locales comenzaron a comprar esas tierras para el desarrollo de los agronegocios. Así comenzaron los problemas.

Las familias se organizaron dentro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y completaron el relevamiento territorial avalado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), según la ley 26160. Del lado de los empresarios salteños está la justicia de JV González y la Policía de la Provincia. En términos muy simples, es gente que compra un inmueble con campesinos viviendo dentro.

Las tensiones son grandes, con antecedentes de sangre y con la cuarentena por la pandemia se profundizaron por el doble aislamiento en el monte profundo.

Los movimientos intimidatorios comenzaron en marzo con denuncias cruzadas, amenazas de muertes y agrupamientos estratégicos.

A Miguel Galván, un campesino indígena que no llegaba a los 40 años, en el paraje El Simbol, en 2012, lo asesinó un hombre que se presentó en la puerta de su rancho y extrajo un arma blanca de su bolsillo y lo acuchilló sin mediar palabra. Un típico caso de sicariato que llegó a juicio y ya tiene sentencia.

En esta semana, la familia Palavecino denunció que “grupos armados instalándose con una carpa y haciendo ostentación de armas de grueso calibre e inclusive matando animales de la familia”, informó el portal de noticias Elmunicipalweb, con fecha de hoy.

Lo que dice el cabeza de familia, Andrés Palavecino, es que no puede realizar la denuncia respectiva porque la cuarentena le cierra el paso hacia la comisaría de Talavera.

"La familia Palavecino formuló denuncias en el destacamento policial de Villa Matoque (Santiago del Estero), cuyo personal se disculpó de no poder actuar por razones de jurisdicción", informó El Municipal Web.

El hombre ya mandó a reunir a sus hijos, también dispersos por el monte y todos los movimientos ahora se enmarcan en una estrategia de enfrentamiento. Quien es responsable en la zona es el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Personas y Familia de Joaquín V. González, a cargo de Patricia Rahmer. La magistrada le aseguró a El Tribuno, hace unas semanas, que no quiere violencia en la zona.

 

“Queremos que se reconozcan nuestros derechos y queremos evitar el derramamiento de sangre”, dijo el referente del Pueblo Lule Vilela del Mocase, Rafael Galván.

Los organismos de derechos humanos de la Salta , las asociaciones campesinas del norte y algunas oficinas de Nación ya se expresaron para que sea el mismo Estado quien intervenga, pero nada de eso hasta ahora sucedió.

El Municipal Web dialogó con con Andrés Palavecino, quien dijo que “al realizarse el trazado de los nuevos límites, muchas tierras de propiedades y ocupantes santiagueños quedó dentro del territorio que corresponde a la provincia de Salta, donde hay gente que con el asesoramiento de abogados usurpa”. 

Explicó que en su caso es una herencia de su padre (con más de 50 años habitando en el lugar), y que en el trazado de los límites quedó dividida por el canal de Dios, con 200 hectáreas debidamente alambradas del lado de Salta, donde nunca tuvieron problemas, “hasta que hace un par de años comenzaron a desfilar usurpadores, que con ayuda de influyentes estudios jurídicos y maniobras de organismos de contralor de Salta, iniciaron un claro despojo de nuestras tierras, con litigios que se tramitan en los Tribunales salteños donde si revisan, se van a encontrar con verdaderos fraudes procesales. Se fabricaron posiciones inexistentes, inspecciones y certificaciones truchas, y en el desorden jurídico hay gente que se quiere quedar hasta con campos de 3.000 y hasta 5.000 hectáreas de tierra que antes fueron propiedades, y en gran parte tierras fiscales, de los santiagueños”, dijo el campesino.

Fuente: El Tribuno