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En medio del escándalo internacional por lo que la Justicia caratuló como la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y mientras las comunidades mapuches de Chubut siguen en conflicto por los desalojos de una propiedad del magnate textil Luciano Benetton, el Senado rechazó por mayoría el tratamiento de una nueva prórroga de la Ley 26.160, aquella que en 2006 declaró la emergencia de la posesión y propiedad de la tierra ocupada por pueblos originarios y suspendió los desalojos de los territorios en disputa.

El debate parlamentario pasó sin embargo para la próxima sesión, prevista para antes de fines de septiembre, y la postergación sigue sumando tensiones al ya candente escenario sobre el que se debate la vulnerabilidad de los indígenas argentinos. Se trata de una población que en 2015 llegaba a 1.039.219 personas, organizada en más de 1500 comunidades, 397 de las cuales se encuentran en la provincia de Salta.

La superficie total reclamada alcanza los ocho millones de hectáreas en todo el país, muchas de las cuales se ubican además en zonas de alto interés para el Estado, como el caso de Vaca Muerta, en Parques Nacionales, zonas productivas, reservas naturales o mineras. La escala del conflicto es, por lo tanto, proporcional al precio social y político que comenzó a hacerse visible en las últimas semanas y el Senado acusa recibo de la atención mediática con una dosis de cautela. 

"A principios de año se hizo una auditoría y se estableció que la mitad de las comunidades ya fueron relevadas, la mayoría de las cuales no tiene títulos sobre las tierras, entonces hay que avanzar sobre este tema", dice a LA GACETA Cristina Fiore, senadora salteña por el oficialismo. "Hay que separar la paja del trigo", agrega, respecto a los reclamos que desde hace más de una década esperan la atención y respuesta del Estado nacional. "Muchas comunidades originarias tienen un legítimo derecho a acceder a su tierra, pero también tuve conocimiento de situaciones que se están dando con personas que ocupan tierras que no les pertenecen", agrega.

 

La referencia tiene además por estos días una resonancia profunda en Salta, donde casi la totalidad de la tierra es propiedad privada pero casi un tercio de los 15.548.800 hectáreas que tiene la provincia debería corresponder a sus pueblos originarios.

El Estado provincial reconoce a nueve: Wichi, Diaguitas, Kolla, Qom, Guaraní, Chané, Chulupí, Tapiele y Chorote, pero hay otros tres que también habitan su suelo: los Atacama, Iogys y Lule, estos últimos originarios de Tucumán pero uno de cuyos grupos reclama territorios en la zona de Finca Las Costas.

 

Desde la Dirección de Políticas Territoriales del Ministerio de Asuntos Indígenas de la Provincia, Rafael Montaña dirige a los 38 técnicos que desde 2009 se encargan de relevar los territorios de cada una de las comunidades. En una charla con LA GACETA, Montaña explica la complejidad de los conflictos que atraviesa a estos pueblos, a los que considera cada vez más cerca de convertirse en una minoría étnica que de constituirse como un sector legitimado dentro de la sociedad.

"Hay muy pocas tierras fiscales, en general alrededor de ciudades, y ahí se arma un cordón periurbano, con prostitución, desgaste, promiscuidad. Los municipios les dan luz y agua y crean un hacinamiento. Todos pensamos que eso está bien, pero estamos desgastando a la sociedad, convirtiendo a los pueblos indígenas en una minoría étnica".

"En la provincia estamos llegando a las 250 comunidades relevadas y calculamos que en un año más podrían hacerse todas", estima. "Si hacemos un trabajo de regular a bien, tenemos que dejar como mínimo dos millones de hectáreas demarcadas para las comunidades. Si lo hiciéramos excelente, sin las presiones que tenemos, deberíamos llegar a los cinco millones", dice, pero reconoce que la conflictividad con la frontera agrícola es un límite casi infranqueable para las expropiaciones.

Inmuebles imposibles

Desde la promulgación de la Ley 23.302, sancionada en septiembre de 1985 y que establecía la adjuducación de tierras a comunidades aborígenes, los indígenas salteños consiguieron la titularidad de 600.000 hectáreas, a las que se les sumaron otras 400.000 de los Lotes 55 y 14, con un total de unas 700.000 has. con títulos dominiales perfectos, mientras que el resto aun siguen en proceso de regularización. 

Mientras tanto, en la nebulosa de las absorciones de parcelas y cédulas, expropiaciones de tierras fiscales y unificaciones de territorios, la titularidad de las tierras de nadie en la provincia se van desplazando hacia manos privadas. Según la investigación realizada por Andrés Leake y Omar López para su trabajo "La deforestación en Salta", la información catastral en gran parte de los territorios fiscales salteños es prácticamente imposible de localizar y las cédulas parcelarias cambian su denominación de manera inexplicable a través del tiempo. 

La falta de claridad propicia maniobras como las de empresarios que en pocos años se hicieron con miles de hectáreas, como en el caso del departamento Rivadavia, donde un solo particular consiguió absorber lotes fiscales hasta llegar a las 70.000 hectáreas, dentro de las cuales encerró acuíferos y se están formando lagunas de varios kilómetros de superficie.

Otro fenómeno que se ve favorecido por el desconocimiento y el descontrol del estado es el de algunas negociaciones entre comunidades y terratenientes, que a cambio de algunas pocas hectáreas para que se establezcan grupos indígenas, consiguen disponer de miles de hectáreas para desmontes. "Hay muy pocas tierras fiscales, en general alrededor de ciudades, y ahí se arma un cordón periurbano, con prostitución, desgaste, promiscuidad. Los municipios les dan luz y agua y crean un hacinamiento. Todos pensamos que eso está bien, pero estamos desgastando a la sociedad, convirtiendo a los pueblos indígenas en una minoría étnica, empezamos a reducirlos a espacios muy concretos y por más que reciban los planes y la gente diga que está mejor, lo cierto es que los estás desterrando, trasladando a un lugar que no es el de ellos", apunta Montaña.