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Dos de los imputados en la causa por el robo del grupo generador que abastecía con agua potable a familias campesinas de El Quebrachal, Luciano Saravia y Ramón Aguilera, también enfrentarán cargos por la maniobra con la que frustraron el secuestro del equipo el pasado 9 de abril.

En la madrugada de aquel domingo, ambos retiraron furtivamente el motor que habían vendido en finca Santa Laura, luego de un allanamiento policial. Esa misma tarde, Saravia y el fiscal penal de Anta, Gonzalo Gómez Amado, compartieron cuadreras en Tucumán con sus caballos de cuarto de milla.

El mismo fiscal fijó para hoy una audiencia de imputación en la que los cargos que afrontan Saravia y Aguilera serán ampliados por la obstrucción del procedimiento judicial. La causa por hurto calificado tiene otros dos imputados, Jorge Calderón y Claudio Albaizeta.

Aguilera declaró que compró el grupo generador sin papeles a Calderón, y que lo revendieron con Saravia a un tío suyo, Albaizeta, dueño de la finca Santa Laura. También reconoció que juntos retiraron el motor de esa finca en la madrugada del 9 de abril. Los otros tres imputados, asistidos por el defensor oficial Manuel Salinas, no declararon. Solo fueron detenidos Aguilera y Calderón.

El 21 de abril, tras cambiar al defensor oficial por el abogado Diego Protti, Calderón se declaró inocente y cuestionó la asistencia de Salinas, quien se inhibió de seguir interviniendo en la causa.

Saravia -a quien se vincula con el sector político del diputado Pedro Sández, el intendente de El Quebrachal, Leonardo García, y el senador de Anta, Ernesto Gómez, padre del fiscal- tiene como nueva defensora a Mónica Vera.

El intendente García, como gobernante del municipio al que pertenece el motor que fue robado en enero de 2016 en San Miguel, fue invitado por la Justicia a constituirse como querellante y actor civil.

Dos semanas después de recibir esa notificación judicial, el jefe comunal sigue recluido en un silencio absoluto.

El robo del grupo generador, que había sido adquirido con fondos públicos, dejó a 30 familias campesinas sin agua potable durante largo tiempo y obligó a adquirir otro costoso equipo en medio del escándalo que estalló en Anta tras más de un año de investigaciones policiales.

El motor fue localizado el 7 de abril, pero ese día los policías que allanaron la finca Santa Laura no pudieron cargarlo en su móvil. Por ese motivo dejaron a un encargado del citado establecimiento agropecuario, Ricardo Figueroa, como responsable y depositario judicial del grupo generador.

El domingo 9 regresaron a la finca con apoyos de la Municipalidad de El Quebrachal para proceder al secuestro del grupo, pero se encontraron con la novedad de que había sido retirado en horas de la madrugada. Tres testimonios y los registros de un puesto de control caminero no dejaron dudas de la participación de Saravia y Aguilera en la maniobra que obstaculizó el secuestro.

El lunes 10 de abril, en horas de la tarde, Aguilera entregó el motor en la subcomisaría de El Quebrachal.

El caso de la yegua retenida

Uno de los imputados por el robo del motor, Luciano Saravia, también fue denunciado junto a su padre, Gustavo Saravia, exintendente de El Quebrachal, por la retención y explotación ilegal de una pura sangre.
Las denuncias de este caso, expuesto por El Tribuno el pasado domingo, se remontan a diciembre de 2016.
La yegua se llama “Histórica Special” y pertenece a un haras de Corrientes, pero los Saravia la hicieron correr en cuadreras con el nombre de “Seré Leyenda”.
Ayer la Fiscalía Penal de Anta pidió los papeles de la potranca para avanzar con las medidas de prueba.