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"Nuestro norte es el sur"..., de Salta para el mundo || S.I.L.E. Servicio Infomativo FM La Esperanza

Hay denuncias y amenazas cruzadas entre empresarios y campesinos indígenas. Detalles de una zona caliente y con antecedentes fatales.

Los conflictos de tierra en el interior provincial no se toman cuarentena y la violencia puede desatarse en cualquier momento.


La zona caliente ahora es la comprendida en la triple frontera de las provincias de Salta, Santiago del Estero y Chaco. Para llegar al territorio hay que llegar, desde Salta, por la ruta nacional 16, en un desvío unos 5 km ante de la ciudad de Taco Pozo, hacia el sur: Para los creyentes es el camino que va la famosa Virgen de Huachana. Ahí está la triple frontera con todos los condimentos para que el cualquier momento ocurra una desgracia.
Territorios inhóspitos donde casi todos andan armados por los conflictos de tierras, los desmontes ilegales y la tala indiscriminada de los montes.
Hablamos de campos de más de 15 mil hectáreas que se disputan entre propiedades privadas, territorios indígenas campesinos y lotes fiscales.
Del lado santiagueño denominado Choyaj, ubicado entre las localidades de Cruz Bajada y Lorena, en el departamento Copo. Del lado de Salta es Anta.

Las complicaciones vienen desde el año 1980 cuando, en plena dictadura, los militares que tomaron de facto la Presidencia y los gobiernos provinciales movieron los límites como quisieron.
Se trata de la ley 22.347, de Fijación de Límites entre Salta y Santiago del Estero, publicada en Boletín Oficial, el 9 de diciembre de 1980, y firmada por Jorge Rafael Videla, Fermin Ochoa y Augusto Ulloa.
En esa norma, Salta gana territorio y quedan los santiagueños en tierras de otra provincia.
A partir de ahí comenzaron los problemas entre empresarios salteños y campesinos santiagueños porque las demarcaciones nunca fueron definidas.
Los empresarios salteños comenzaron, en los tribunales salteños, diversos juicios de prescripción veinteañal, con posesiones dudosas o con tantos instrumentos leguleyos sacar a las familias de campesinos e indígenas, que vienen de varias generaciones, pero que ahora “estorban” en el desarrollo de los agronegocios.

En el proceso, la escalada de agresiones, amenazas llegaron a un punto en que en el año 2012 asesinaron a puñaladas a un campesino del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC). El trágico homicidio sucedió en el paraje Simbol, cuando un grupo armado sorprendió a Miguel Galván, de 40 años. Un hombre se presentó en la puerta de su casa y extrajo un arma blanca de su bolsillo y lo acuchilló sin mediar palabra. Un típico caso de sicariato que llegó a juicio y ya tiene sentencia.
Ahora está sucediendo lo mismo. Las amenazas, las denuncias y las provocaciones le apuntan a Gabriel Albornoz y a Luis Miguel Rojas que quedaron en el centro del territorio de los nuevos conflictos con Juan y Adrián Lopresti en una causa de “prescripción adquisitiva” según el expediente 3872/19 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Personas y Familia de Joaquín V. González, a cargo de Patricia Rahmer.
El territorio en disputa es la Finca Choyaj, de unas 3 mil hectáreas, en donde las comunidades campesinas quedaron en el medio de un importante proyecto de agronegocio.

De un lado acusaron a Albornoz y a Rojas de “amenazas” e “intento de homicidio” y del otro el Mocase denunció a los Lopresti por provocación. Todo esto sucedió en el presente mes de julio, en plena cuarentena en donde nadie puede entrar ni salir de esa zona caliente.
“Nosotros tenemos el relevamiento territorial avalado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y tenemos la ley 26160 en contra de los desalojos de comunidades. Entonces estos empresario no pueden mandar a la Policía y a sus sicarios a intentar sacarnos de nuestras tierras. Estas son tierras donde no viene nadie y menos aún en cuarentena. Acá se puede producir otra vez una desgracia si no interviene la Justicia. Queremos que se renocozcan nuestros derechos y queremos evitar el derramamiento de sangre”, dijo el referente del Pueblo Lule Vilela del Mocase, Rafael Galván, hermano además de quien asesinaron en 2012 por defender su modo de vida.

“Queremos evitar la violencia”

El Tribuno acudió a la jueza Patricia Rahmer para consultarle sobre la situación en la zona caliente de la triple frontera.
La doctora confirmó que los Lopresti son los titulares registrales de la finca y que ya se había ordenado un desalojo en 2018.
“Son muy violentos los desalojos, especialmente cuando está involucrada la gente del Mocase. Un día se los sacan y al otro día vuelven. Ante esa experiencia hemos convocado a muchas audiencias para ver de llegar a una solución más pacífica. Es un territorio de mucha violencia y el antecedente de Miguel Galván es terrible”, dijo la jueza de González.

La magistrada hizo referencia al violento desalojo de septiembre de 2017 en donde se utilizó a la fuerza de Infantería para sacar a la familia Palma de su propia casa. Con el tiempo, la estrategia de lucha de volver siempre a lo que consideran su territorio fue la mejor herramienta del Mocase.

Explicó que los campesinos están en el medio de un emprendimiento, que hay un nuevo juicio y que por la virulencia de los desalojos se suspendieron en la búsqueda de un acuerdo en donde todos convivan en paz.
Hay también un limbo jurídico, limítrofe e inmobiliario que propicia el enfrentamiento. Hay denuncias desmontes ilegales y de tala masiva de árboles en donde no se sabe bien a qué jurisdicción hacer la denuncia.
“Entendemos que tras la modificatoria de los límites hubo vacío, un gris, que debe subsanarse a través de las instituciones de Nación. Por ejemplo, el INAI debería volcar sus relevamientos territoriales en la Dirección de Inmueble de la Provincia para que cuando alguien compre de buena fe sepa que hay poblaciones de campesinos indígenas que también tienen su reclamo por el territorio. Pero la situación es bastante complejo y sería bueno que las autoridades nacionales intervengan en la resolución de conflictos porque lo que queremos evitar son las desgracias y la violencia”, concluyó la jueza Rahmer.

Fuente: El Tribuno